En este febrero rebelde, de
tantos recuerdos y en los esfuerzos que hacemos por recuperar la memoria histórica
para las generaciones más jóvenes y las que están por venir, resulta pertinente
abordar en su contexto, lo que desde el Estado Venezolano de la Cuarta
República, originó el despertar de nuestro pueblo, y con ello iniciar a partir
de entonces un proceso de cambio que se torna irreversible. Para ello se
desglosa un análisis de lo que significó el VIII Plan de la Nación mejor
conocido como “El Gran Viraje” en Venezuela, así como el principio del fin del
Estado Neoliberal.
La planificación en Venezuela
tiene su inicio dentro de la Administración Pública en el Gobierno de Isaías
Medina en 1941 con el Plan Cuatrienal de obras públicas (1942-1946), que más
adelante permitirían desarrollar el Plan Preliminar de Electrificación (1947) y
el Plan Mínimo de Producción Agrícola (1946-1947), que permitieron luego de los
acontecimientos políticos y sociales de 1958 generar procesos de planificación
del desarrollo nacional entendidos inicialmente dentro del enfoque normativo, y
que con la creación de la constitución de 1961 “no sólo atribuía al Estado la
mayor responsabilidad sobre el desarrollo y el crecimiento, sino que además
señala la planificación como el instrumento más idóneo para ejercer dicha
responsabilidad”
Al respecto la constitución de
1961 en su artículo 95 decía textualmente “el Estado promoverá el desarrollo
económico y la diversificación de la producción con el fin de crear nuevas
fuentes de riqueza, aumentar el nivel de ingresos de la población y fortalecer
la soberanía económica del país”, y por otra parte el artículo 98 definía que:
“El Estado protegerá la iniciativa privada, sin perjuicio de la facultad de
dictar medidas para planificar, racionalizar y fomentar la producción y regular
la circulación, distribución y consumo de la riqueza, a fin de impulsar el
desarrollo del país”. Si bien la
Constitución admitía claramente la vigencia de una economía mixta con
preponderancia de iniciativa privada, la planificación era entendida como un
paso más en la acción económica del Estado.
Es por tanto que en el plano
internacional que presentaba algunas sociedades más desarrolladas enmarcadas
fundamentalmente en el contexto de la guerra fría, el enfoque para nuestra
región estaba basado en el proteccionismo de la Comisión Económica para América
Latina (CEPAL), que como consecuencia de la teoría de la dependencia, marcó la
política Venezolana en lo que se denominó el modelo sustitutivo que pretendía
potenciar la satisfacción de las necesidades nacionales a partir del
aprovechamiento de las capacidades y potencialidades nacionales, protegiendo la
economía del país de agentes externos.
El enfoque normativo de la
planificación en Venezuela vio su debilitamiento a razón en primer lugar por la
ineficiencia del Estado para resolver los problemas más urgentes del pueblo,
segundo por el enfoque exclusivamente economicista del desarrollo, tercero por
los cambios trascendentales que ocurrían a escala global con la caída del
Bloque Soviético y el triunfo de la economía de mercado implementado como
modelo neoliberal de acuerdo a las teorías de Milton Friedman, y cuarto por la
propia evolución de los modos de planificación expresados entre otros por la
influencia de Carlos Matus en las proposiciones enmarcadas dentro del marco
estratégico.
Sobre esta base de un agotado
modelo político dentro del enfoque normativo de la planificación el VII y VIII
Plan de la Nación se desarrollan sobre las vertientes de la planificación
estratégica; situacional para el primero y corporativo para el segundo.
El VIII Plan de la Nación
(1990-1994) emerge dentro de una grave situación económica y presionado por el
esperado refinanciamiento de la deuda externa, donde el gobierno promueve un
cambio en la orientación política económica del Estado, el cual fue denominado
“El Gran Viraje”, que pretendía modificar el modelo sustitutivo por uno de
economía de mercado, y de esta forma acompañar las tendencias de la
globalización y las liberalizaciones de las economías mundiales, minimizando el
tamaño e intervención del estado dando prioridad a la actividad privada.
En medio de un proceso que por un
lado procuraba la descentralización del sistema político nacional,
particularmente con las elecciones de Gobernadores y Alcaldes por primera vez
en la historia democrática Venezolana, pero que por otro lado lejos de
estimular el desarrollo local tendía lógicamente a someter la economía nacional
a la competencia internacional.
Adicionalmente se presenta un
Plan paralelo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que priorizaban una
estrategia económica de mediano plazo y una macroeconómica para 1989 , de esta
forma se veía fuertemente marcada la injerencia de los intereses foráneos en la
política nacional, que trajo como consecuencia los acontecimientos de explosión
social del 27 de febrero de 1989 conocidos como “El Caracazo”, las rebeliones
militares del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992, y la destitución
posterior del Presidente Carlos Andrés Pérez, que marcaron el colapso del
sistema político representativo vigente a partir de los sucesos del 23 de enero
de 1958.
Durante el período de 1989 a 1994
la pobreza en Venezuela pasó de 44% a 53%, mientras que la pobreza extrema pasó
de 20% a 27% , con una tasa promedio interanual de inflación de 48,28%, claras
consecuencias de que las políticas establecidas en el Plan de la Nación para
este período entraban en completa contradicción con sus propios planteamientos
que afirmaba que de no incorporarse a la economía de libre mercado sería
condenar a los venezolanos al desempleo y la pobreza.
A razón de los acontecimientos que
se vivían a escala mundial, y bajo una fuerte crisis económica, política y
social que estaba sumergido el país el nuevo gobierno para el período
presidencial 1989 – 2004 presidido por Carlos Andrés Pérez que daba continuidad
en el poder a su partido Acción Democrática por quien lo precedió el
Ex-Presidente Jaime Lusinchi, y que por tanto repetía la hegemonía del
bipartidismo adeco-copeyano que había gobernado en los 30 años anteriores.
El VIII Plan de la Nación
(1990-1994) conocido como “El Gran Viraje” modificó el modelo de desarrollo
Venezolano hasta ese momento orientado por las influencias de la CEPAL basado
en el proteccionismo de las economías nacionales, por tanto una apertura hacia
la economía de libre mercado es la base fundamental del nuevo planteamiento
para la nación, con una influencia de la Perestroika, con las ideas de Mijail
Gorbachov, de lo que debería ocurrir para una transición económica, política y
social en la Unión Soviética (URSS) y en el resto del mundo; que destacaba en
sus aspectos que El Comité de Planificación Estatal cambiará la inspección
diaria del trabajo por la autorregulación empresarial.
Los planteamientos fundamentales
para justificar el nuevo rumbo a emprender, estaban basados en el agotamiento
del modelo de desarrollo sustitutivo que al respecto en la presentación al
Congreso Nacional se indicaba que:
“Durante la vigencia del modelo
sustitutivo el país experimentó un vigoroso proceso de crecimiento, el cual
estuvo ligado en buena medida a los lineamientos centrales de la política
económica expresados en los distintos planes de desarrollo. Sin embargo, la
instrumentación de esos planes no logró resolver problemas tales como excesiva
dependencia de la industria petrolera y el crecimiento económico rápido pero
desordenado, lo cual derivó finalmente en el surgimiento de grandes
desequilibrios económicos, financieros y desajustes sociales y culturales
durante la década de los años ochenta”.
Al respecto otro argumento sobre
el cual se sentaban las bases del nuevo plan se refería a los logros del pasado
expresado en los siguientes términos:
“Venezuela tiene hoy una
democracia muy sólida. Esto no ha sido producto de la casualidad sino de la
toma de conciencia por parte de nuestra dirigencia de la necesidad de reducir
las tensiones sociales, erradicar la violencia y buscar los acuerdos que den
una mayor legitimidad al sistema”.
Esto terminaba siendo por tanto
un síntoma de la desconexión de la praxis de la planificación y la realidad
nacional; puesto que, aunque el Plan fue presentado en 1990, apenas a menos de
un año el 27 de febrero de 1989, el estallido social ocurrido mostró las
debilidades del sistema político actual y de la gravedad y agudeza de la crisis
del modelo vigente hasta la fecha.
Hay una insistencia permanente en
juzgar la intervención estatal en la economía, por lo que al respecto se indica
que:
“La bonanza financiera fue
acompañada por un desordenado crecimiento del sector público, así como la
ampliación de la intervención del Estado en la actividad económica del país. La
complejidad de la intervención estatal contribuyó a la pérdida de eficiencia en
la economía y en la gestión del Estado.
Hoy se tiene la convicción de que con los recursos que dispuso el sector
público se pudo haber obtenido un producto social mucho mayor del que se ha
logrado”
La justificación del plan preveía
lo que ocurriría si no se modificaba el modelo, argumentaba que los costos de
inacción serían mayores y golpearían a los más débiles con mayor fuerza, más
adelante esta predicción vería unos resultados muy diferentes, pues como
consecuencia de la aplicación del plan se incrementaría la pobreza y pobreza
extrema, con unos márgenes de inflación que alcanzaron sus límites más altos de
la historia venezolana hasta ese momento, superiores al 80% y promediando más
de 48% en su tasa interanual.
En el VIII Plan de la nación se
visualizó la crisis como una oportunidad planteando como circunstancias
favorables del momento: la sólida base petrolera y de otros recursos naturales,
el contexto internacional con rasgos positivos que facilitaba la integración
regional y mundial, el plantel industrial moderno con capacidad para mejorar y
competir, la amplia infraestructura de apoyo a la producción distribuida en
todas las regiones, el desarrollo del potencial humano del país y de cambios en
los valores socio-culturales y el consenso social básico y presiones por
mejorar el sistema democrático; a lo que se referían era a una conciencia
colectiva que reconoce la necesidad del gran viraje, pero no definía a quiénes
se refería en términos concretos.
La nueva estrategia de desarrollo
con El Gran Viraje, se planteaba en los términos de un nuevo modelo
competitivo, como modo de inserción del país en la economía mundial y las
prácticas del libre mercado, esto implicaba incorporarse en las corrientes
mundiales, en un plano de escasez de recursos excedentarios, que obligan mayor
eficiencia interna y que permitan la promoción de la competencia internacional,
que representan los retos para la empresa.
Es así como de ello se deduce que las políticas del nuevo desarrollo
giran en torno al estímulo del sector privado.
Un elemento neurálgico de la
propuesta pasaba por modificar el rol del Estado, con una nueva estrategia que
promueva la eficiencia y la competencia y que estimule la expansión y
consolidación de una moderna economía de mercado, sobre la que debe recaer la
responsabilidad del futuro del desarrollo nacional. Afirmando además que un Estado promotor dará
mayor congruencia, simplicidad y estabilidad a las políticas destinadas a
orientar las decisiones del sector privado; de esta manera el papel que juega
el sector privado en los destinos de las políticas públicas toman mucho más
fuerza.
Por otro lado la nueva estrategia
de desarrollo social planteada en el VIII Plan de la Nación no deja de tener la
visión economicista del tema, por lo que se afirma que “también hace falta que
el Estado se concentre en lograr el bienestar de las grandes mayorías, dejando
al sector privado el espacio suficiente en el ámbito económico para su expansión”,
de allí se origina la primera contradicción, puesto que si el modelo de la
economía de libre mercado concentra los medios de producción y acumulación de
capital en pocos grupos, entonces ¿Cómo las grandes mayorías excluidas del país
pueden beneficiarse de esta relación?, los resultados originados permitieron
concluir que pese al crecimiento económico originado en el período la pobreza y
la pobreza extrema crecieron significativamente.
Un elemento que marcaba los
procesos de conducción del modelo de desarrollo nacional se referencia en lo
siguiente:
“La política social debe ir
desarrollando una capacidad cada vez mas de prevenir y resolver desigualdades
sociales a través de diversificación y multiplicación de los escenarios de
planificación y las instancias, evitando en lo posible la sola responsabilidad
del sector público”.
Es claro que esa llamada
diversificación de los escenarios de planificación no incluía a todos los
ciudadanos venezolanos, sólo daba mayor importancia al sector privado nacional
en la toma de decisiones de las políticas públicas nacionales.
La nueva inserción de Venezuela
en el mundo definía “la política exterior será un instrumento de apoyo a los
objetivos de la apertura económica dentro del contexto de los principios de
libre comercio”, sobre las bases de un nuevo enfoque de integración
latinoamericana, fortalecimiento de la diplomacia comercial, la cooperación
sur-sur y el diálogo norte-sur.
El plan que pretendía dar un giro
al modelo de desarrollo nacional venía acompañado por una deuda externa que
originó un plan paralelo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que incluía
un conjunto de medidas económicas conocidas como el “paquetazo”, que desde una
visión esencialmente economicista trastocó las vulnerabilidades de los más
desposeídos; es así como en Venezuela la influencia de intereses y políticas
foráneas marcaron un hecho sin precedentes en la historia contemporánea del
país.
Los Lineamientos Generales del
VIII Plan de la Nación eran:
Compromiso social.
Hace referencia a la calidad de
vida en términos de: enfrentamientos de la pobreza crítica, fortalecimiento del
empleo, el ingreso y la seguridad social, eficiencia y seguridad de los
servicios sociales y reforma institucional del sector social.
Crecimiento sin inflación.
En este programa se pretende
impulsar prioritariamente el sector privado, limitando la participación del
sector público a la explotación de los recursos naturales, proponiendo un
crecimiento acelerado, sostenible y estable con una baja inflación mediante:
una política fiscal de equilibrio, racionalización del sector público,
eficiencia de las empresas públicas, una política monetaria y financiera
moderna, estrategia de financiamiento externo y evolución del mercado laboral y
políticas de empleo.
Competitividad internacional.
Dada la experiencia
proteccionista del modelo sustitutivo, este programa apunta en contraposición
a: la apertura comercial, promoción de exportaciones, integración, política de
reconversión y creación industrial, estrategia agroalimentaria, desarrollo
potencial minero, despegue del turismo, desarrollo de la infraestructura de
apoyo, reforma institucional y fomento a la inversión extranjera.
Conservación ambiental, Desarrollo Regional y Seguridad Territorial.
A razón de la discusión mundial
que emergía sobre las consecuencias ambientales sobre el modelo de desarrollo
Venezuela plantea elementos como: protección del medio ambiente, conservación y
uso eficiente de los recursos naturales, desarrollo de la economía regional,
fortalecimiento de la autonomía regional y seguridad y defensa del territorio.
Cambio Institucional.
El VIII Plan se proponía
fundamentalmente una reforma integral del Estado que procuraba fortalecer el
modelo de democracia representativa, y apostaba por una eficiencia aunque no
refería concretamente el cómo se construiría esa valoración, sin embargo
planteaba: una reforma administrativa, reforma del sistema político,
descentralización de la administración pública y reforma de la administración
de la justicia.
Capitalización de los recursos humanos.
Se refiere a la formación
integral de los recursos humanos en consonancia con el desarrollo económico,
social y cultural de la nación. En esta
circunstancia se plantean por primera vez la reforma de la educación Venezolana,
reforma del sistema de salud, desarrollo acelerado del deporte, la lucha contra
las drogas, desarrollo de la cultura y una estrategia de comunicación social.
Los ajustes económicos iniciados
a razón del nuevo plan orientaban la política nacional mediante elementos de
compensación social, es por ello que:
“En el año 1989 el gobierno de
Carlos Andrés Pérez diseñó un “paquete” de medidas de ajuste macroeconómico
para corregir el rumbo de la economía; entre ellas: devaluación de la moneda,
eliminación de los subsidios, privatización de las empresas del Estado, aumento
de las tarifas de los servicios públicos, reducción de la administración
pública y apertura de la economía a la competencia extranjera. Así, se
exteriorizaba un nuevo giro en el pensamiento económico y especialmente una
concepción distinta del Desarrollo: desatar el poder de las fuerzas del mercado
y reducir el rol del Estado en la esfera económica, y si esto no es posible,
por lo menos garantizar que las políticas estatales sean aplicadas a todos los actores
por igual. En otras palabras, en 1989 se empezó a alterar el modelo
desarrollista, disminuyendo la intervención del Estado y estimulando el libre
funcionamiento del mercado. La nueva estrategia le daba un papel prioritario al
crecimiento económico y supeditaba la política social al crecimiento”. (Lopez y
Lander, 1999)
Al respecto sobre el nuevo modelo
de desarrollo planteado se dice que:
“El paradigma que orienta al
nuevo modelo es lograr el Equilibrio Social a través de la Gerencia Social. El
Estado interviene en forma selectiva, procurando mantener los criterios de
Equidad y jerarquización, dando prioridad a la ‘eficiencia’. Las Políticas
Sociales se tornan Mixtas (de corte Neoliberal y Neoestructuralistas) por un
lado se encuentran aquellas de carácter estructural que se promueven a través
de la cogestión y por otro, se mantienen políticas focalizadas para los grupos
vulnerables”. (Lopez y Lander, 1999).
En tal medida en relación al
nuevo modelo el énfasis en la privatización es una política, que al respecto se
concreta con la Ley Orgánica de Privatización y la Ley para Garantizar la Libre
Competencia, fundamentados “en la necesidad urgente que tiene el Estado de
hacer más eficiente la prestación de algunos servicios”, las consecuencias
derivadas de esta acción parten de que el “principio de la libre competencia no
es el juego que producen las fuerzas del mercado en su relación, sino el
derecho a obtener ganancias sin considerar el daño que se le ocasiona a la
sociedad en conjunto” , mientras que “Privatizar
en Venezuela tiene dos acepciones: disminuir el tamaño empresarial del Estado y
asignar al mercado su rol en el proceso económico”.
Para poder compensar la grave
crisis en la que estaba sumergido el país, se aplican políticas públicas
focalizadas con el objetivo de compensar los desajustes sociales y económicos,
es por ello que se desarrollan programas sociales en las áreas de: nutrición,
educación, salud, vivienda e infraestructura, protección social, empleo y
seguridad social; que aunque representaban estrategias innovadoras que
sustituía el esquema acostumbrado de subsidios indirectos y generalizados, no
consiguieron los objetivos de la lucha contra la pobreza debido a que: la
política fue subsidiaria de la política económica, carencia de una visión a
largo plazo, falta de integración a lo interno de la política social, falta de
delimitación en el tiempo de los programas compensatorios y mantenimiento de la
exclusión.
Para realizar una valoración del
VIII plan de la nación, que dados los resultados obtenidos en el país tiende a
considerarse de fracaso, deberá plantearse en cuatro términos: el primero para
medir el impacto político, social y económico a través de los hechos concretos
y las estadísticas fundamentales de los campos de estudio en relación con los
objetivos propuestos, el segundo desde el enfoque de modelo de desarrollo y su
viabilidad en el marco de la realidad nacional del momento, el tercero en lo
referente al enfoque de planificación implementado y su pertinencia con los
cambios estructurales que se planteaban para el país y finalmente un cuarto
término para el análisis desde la transversalidad, integralidad y complejidad
del Plan.
Luego de los anuncios generados
por el Gobierno de Carlos Andrés Pérez y a razón de llevar a cabo las políticas
del FMI, esto presentó una serie de impactos políticos y sociales que
contribuyeron en el alzamiento de la población, al respecto “como resultado de
la conmoción social, se aceleran las contradicciones internas en Acción
Democrática entre los elementos reformistas-gatopardistas que constituían la
mayoría y el sector neoliberal”, este último a la cabeza del propio Presidente
de la República.
Adicionalmente las políticas de
privatización de las empresas públicas acompañadas de un marco jurídico regulatorio,
a favor de las clases dominantes tuvieron su comienzo en 1991 con la venta de
la Compañía Anónima Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (CANTV) a un
consorcio internacional, “que adquirió el 40% de las acciones por 1.855
millones de dólares. Dándole, a un irrisorio precio, el control de las
telecomunicaciones nacionales e una empresa extranjera”.
Con la presentación del VIII Plan
de la Nación se intentó promocionar la economía de mercado “con los más nobles
argumentos; por ejemplo, con ocasión del cambio de régimen de prestaciones
sociales, los gobernantes le dijeron al país que esto permitiría elevar el
número de puestos de trabajo y elevar los niveles salariales”. En tal sentido
algunas reflexiones que se hacen sobre este plan indican que:
“Lo que no recoge la
fundamentación privatizadora del Estado es que la bancarrota de las empresas
públicas obedecía, en la mayoría de los casos, a prácticas corruptas y
clientelares designados por el gobierno central (...) Venezuela avanzó en lo
relativo a la privatización de sus empresas Estatales. Fueron incontables las
expresiones de resistencia ciudadana a las tendencias de liberalización de los
mercados desarrolladas por sectores sociales y políticos instalados en el
poder, pero los gobernantes se mostraban sordos ante las exigencias
nacionalistas de los sectores mas excluidas de la renta petrolera”. (Bonilla y
El Troudi, 2004)
La agudización de las crisis y
las protestas, aunado a la iniciativa que se venía tomando desde el poder
constituido de reducir oficiales y tropas, una nueva logia rebelde a lo interno
de las Fuerzas Armadas denominada Movimiento Bolivariano Revolucionario 200
(MBR-200), fueron los detonantes de los alzamientos militares del 4 de febrero
y 27 de noviembre de 1992, que más adelante contribuirían a la destitución de
la Presidencia de Carlos Andrés Pérez, y la designación interina de Ramón
Velásquez cuyo desgobierno impulsa y profundiza la penetración de las políticas
neoliberales.
Para medir el impacto económico y
social se analizan algunas variables; desde 1989 a 1994 la pobreza pasó de
44,44% a 53,65%, la pobreza extrema pasó de 20,07% a 27,52% , y de esta manera
estimar una valoración negativa de la línea general denominada compromiso
social que se proponía el enfrentamiento de la pobreza crítica.
En cuanto al Producto interno
Bruto (PIB) su crecimiento interanual mantuvo un promedio de 2,31%, muy por
debajo de los parámetros que planteaba el plan paralelo del FMI cercanos al 6%,
así mismo la inflación mantuvo una tasa interanual de 48,28% para el período,
esto en detrimento de la propuesta del VIII Plan de crecimiento sin inflación.
En cuanto al empleo, el
porcentaje de desocupados desde 1989 a 1994 pasó de 9,60% a 8,46%, sin embargo
el sector formal ocupado pasó de 60,30% a 50,69% y el sector informal de 39,70%
a 49,31%; aplicando principalmente la receta neoliberal el sector público
formal ocupado pasó de 19,68% a 16,40%, pero irónicamente en detrimento de las
argumentaciones políticas que implicaban una economía de libre mercado el
sector privado formal ocupado pasó de 40,62% a 34,29%.
Referente al análisis del modelo
de desarrollo el ataque en dos flancos; por un lado el cambio de sentido de la
política económica hacia la tendencia neoliberal y los ajustes estructurales
con la incidencia incipiente de agentes externos como el FMI, demostraron con
sus resultados que todas las bondades que ofrecía el sistema de la economía de
libre mercado era apenas una farsa que cargaba contra las necesidades más
urgentes del pueblo, el nuevo planteamiento del modelo de desarrollo solo trajo
más pobreza, ausencia de seguridad social y un fuerte debilitamiento del modelo
democrático representativo.
En el caso del VIII Plan de la
nación que planteaba un enfoque estratégico corporativo, al desconocer la
interacción necesaria y viabilidad para llevar a cabo el plan, terminó siendo
estructuralmente normativo, por tanto no aplicable a la realidad.
Desde una perspectiva compleja
“la falta de integración entre sectores, el aspecto económico le quitó la prioridad
a lo social, y la aplicación a ciegas del modelo normativo, ausente del enfoque
comunicativo”, constituyeron los principales errores sobre todo en el
establecimiento de puentes con el pueblo.
En términos excepcionales el modelo neoliberal mostró su máxima
expresión al demostrar su concepción material por encima de lo humano, que
produjeron consecuencias muy graves en la vida social de los venezolanos, y
demostró que el discurso de presentación del VIII Plan de la Nación al Congreso
de la República en Enero de 1990 que planteaba una diversificación y ampliación
de los espacios de planificación era una excusa para dejar en manos del
liberalismo económico el desarrollo nacional, sus resultados ya han sido
expuestos a lo largo de este trabajo.
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