Pena de muerte

Polémico, provocador y contradictorio resulta el tema de la pena de muerte en nuestro país, sobre todo cuando hablamos de un Gobierno socialista que con su perfil pretende reivindicar el humanismo como una expresión de que es posible construir un mundo mejor, donde el valor de la solidaridad sea la premisa fundamental de una patria nueva, donde sin discriminación entremos al umbral de la convivencia armónica, es por tanto no sólo una manifestación casi espiritual sino una aspiración concreta de forma de vida.

Siendo la Revolución Bolivariana una forma de vida, hemos visto en contraposición como el fenómeno de inseguridad representa uno de los mayores problemas del país, esto tanto en cifras como en percepción, siendo las clases más pobres y los jóvenes quienes mayoritariamente se ven afectados, por cuanto no cuentan con los medios de protección necesarios y generalmente se encuentran expuestos a situaciones que pudieran afectarle de manera violenta su quehacer cotidiano, y donde mayormente se presentan ambientes propicios para ser víctimas o victimarios.

Otro hecho fundamental que ocurre tiene que ver directamente con la participación de grupos organizados locales o foráneos que funcionan fuera de la ley, dedicados a cuanto hecho delictivo ocurra, pero que además tienen la función ideológica de minar la sociedad con la cultura de las armas y el sicariato. Mucho más grave son estos hechos puesto que no sólo violenta los ambientes donde se desarrollan los hechos delictivos sino que además puede desestabilizar ciudades enteras, tal como ocurre en muchas zonas del país donde como en el lejano oeste ocurren asesinatos por encargo por ejemplo de niños, adolescentes, mujeres y ancianos, y resulta tan preocupante esta situación que se ha convertido en el imaginario colectivo una justificación ante tales acontecimientos y juzgar con condena a quienes son víctimas.

Adicionalmente los cuerpos de seguridad no son de confianza, infiltrados por los grupos irregulares organizados y sumergidos en la corrupción, el ciudadano de a pie finalmente no sabe a donde acudir para garantizar su seguridad y ve con recelo a quienes debería ver con tranquilidad.

Sin duda alguna el hacinamiento en las cárceles, con personajes como los “Pranes” y sus “Luceros”, que poca posibilidad de rehabilitación tendrán, ya han convertido el recinto penitenciario en su sala de control de las fechorías que ocurren en la calle, con presencia de otros delincuentes habituados ya a la cultura de la muerte, es el panorama ensombrecedor que nos acecha.

Si bien es cierto que la delincuencia debe ser combatida social, educativa y culturalmente con una política que vaya transformando las relaciones que propician la inseguridad, es probable que en la coyuntura actual sea necesario aplicar la pena de muerte y de esta manera sentar precedentes ante la cultura del delito, que no respeta el derecho a la vida de las víctimas y que se escapa sin control.

Creo que la Revolución Bolivariana debe profundizar en materia de seguridad, un excelente esfuerzo que aborda esta problemática es la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, que con un concepto renovado pretende transformar el sistema encargado de la protección del ciudadano, además desde una visión humanista y respetuosa de los derechos humanos. Sin embargo en el momento actual es necesario ser mucho más arriesgado y apostar por soluciones alternativas que frenen el índice delictivo del país, dado que somos nosotros desde la perspectiva del socialismo quienes estamos en la obligación de dar respuestas a un fenómeno que la derecha no podría combatir, puesto que conocemos cuales fueron sus acciones feroces en aquella democracia adeco-copeyana que dejó un saldo negativo en materia de derechos humanos, y que hoy pretenden hablarnos con un cinismo e hipocresía bárbara.

“Que se abra el debate, y construyamos colectivamente”.