Hacia una Metodología para la Elaboración de Planes Comunales de Ciencia, Tecnología e innovación

Los procesos de cambio desarrollados a partir de la proclamación de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1.999, marcaron un punto referencial en la elaboración de los nuevos planes de desarrollo tanto nacionales como sectoriales, especialmente en algunos aspectos tales como: lo establecido en el preámbulo de la carta magna al enunciar el carácter participativo y protagónico de la democracia venezolana y por otro lado lo descrito en el artículo 110:

El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país así como para la seguridad y soberanía nacional[1].

Esto permitió la incorporación dentro de la estructura del Estado la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, desarrollando adicionalmente la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI), que permitió considera el aporte a Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) como resultante del Producto Interno Bruto (PIB) de 0,64% en 2005 a 2,69% en 2.007[2], y que plantea dentro de su última reforma a las comunidades organizadas como receptores de los aportes del sector privado en CTI tal como se define en el numeral 4 del artículo 3 al describir como sujetos de ley a “Las comunas que realicen actividades de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones[3]”.

Un resultado concreto de un amplio debate en todo el país fue el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2.005 – 2.030 que definió diez (10) grandes áreas estratégicas (Petróleo, gas y energía; soberanía y seguridad alimentaria; desarrollo sustentable y biodiversidad; desarrollo endógeno; tecnologías de información y comunicación; salud pública; gerencia pública; educación y visibilidad y cultura científica)[4], que constituyeron en conjunto con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2.007 – 2.013 (PDESN 2.007 – 2.013) el marco referencial para la creación de los Planes Estadales de Ciencia, Tecnología, Innovación e Industrias.
Así mismo el lanzamiento de la Misión Ciencia en 2.005 buscaba acercar el conocimiento científico y tecnológico a las comunidades pero por otra parte pretendía reconocer el carácter científico de los saberes populares. Boaventura Dos Santos lo expresa de la siguiente manera:

Desde la última década, esta concepción del saber local ha tenido fuertes críticos, que afirman que el saber es una construcción híbrida y exigen un enfoque diferente de los saberes, en una perspectiva situacional. La lógica binaria subyacente en el modo científico de reflexionar plantea una construcción del mundo que estructura profundamente las representaciones del conocimiento en los contextos en los que este es producido. Esta forma de concebir el saber es fruto del modelo cartesiano, que divide el mundo entre el sujeto que sabe y el objeto que va a ser estudiado. En esta perspectiva todos los conocimientos son socialmente construidos -o sea, son el resultado de prácticas socialmente organizadas que implican la movilización de recursos materiales e intelectuales de diferentes tipos, vinculadas a contextos y situaciones específicas-. En consecuencia, el enfoque del análisis debe centrarse en los procesos que permiten jerarquizar el saber y el poder del conocimiento local tradicional y conocimiento global-científico. Debido a que el conocimiento científico ha sido definido como el paradigma del conocimiento y el único epistemológicamente adecuado, la producción del saber local se consumió como no-saber, o como un saber subalterno. [5]

Rafael Antonio Palacios Bustamante plantea este tema como una dicotomía indicando que: “El análisis de la brecha tecnológica ha generado una diferenciación del modelo de desarrollo basado en el conocimiento: la sociedad del conocimiento y la sociedad democrática del conocimiento[6]”; por lo que se lleva el tema al campo político como hecho de poder en tres determinaciones esenciales: (a) la voluntad vivir, (b) de manera razonada en el consenso de la comunidad y (c) la disposición de los medios técnicos para desarrollarlo[7].

En el año 2.010 con el relanzamiento de la Misión Ciencia se crean los comité de saberes y producción (CSP) los cuales tienen dentro de sus precisiones conceptuales define:

La valoración de los saberes populares son producto de su hacer y se pueden mejorar o desarrollar, por un lado, mediante la sistematización, la cual permite conocer, transferir y socializar el conocimiento de la vida cotidiana y, por otro lado, incorporar los conocimientos técnicos y de planificación al desarrollo local integral del país, mediante el manejo de instrumentos técnicos y científicos (carta comunitaria, indicadores, formulación de proyectos, elaboración del plan comunal u otros) que proporcione diversas dimensiones de la realidad local, regional y nacional. [8]

Ahora bien el problema con esto termina siendo el bajo interés de las comunidades organizadas en adoptar políticas concretas en las áreas de CTI, al no haber una satisfacción concreta de las necesidades básicas que obligan enfocar los planes de desarrollo comunitario en áreas de inversión como infraestructura y servicios principalmente, lo que consecuentemente origina un alto grado de dependencia de factores externos en el desarrollo local al no existir sistematización de experiencias para la generación de nuevos conocimientos ni transferencia de tecnología.

Ante esta situación pudiera resultar necesario desarrollar una metodología para elaborar Planes comunales de Ciencia, Tecnología e Innovación de forma tal de combinar algunas teorías de los enfoques socio-comunitarios tales como: enfoque de marco lógico, diagnóstico social, diagnóstico participativo entre otros; de esta forma se construye desde abajo en la comunidad, la política de Estado en materia de CTI, contribuyendo de esta forma a superar los eufemismos ocasionados por la visión de la ciencia dada sola en sujetos exclusivos y por otra parte a desarrollar unos primeros aportes en una real apropiación social del conocimiento.

[1] Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5453, marzo 3, 2000.
[2]Chacón, J. (2010). [Semana de las TI y el SP]. Caracas: Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias
[3]Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, (2010). Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 39.575, Diciembre 16, 2010.
[4]Ministerio de Ciencia y Tecnología. (2005, Octubre). Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2005-2030. Caracas: Autor
[5]Lanz, R. (Comp.). (2007). Debate abierto sobre Misión Ciencia. Caracas: Autor.
[6]Palacios Bustamante, R. (2010). Conocimiento, innovación y desarrollo social en la integración latinoamericana: Un modelo alternativo para Venezuela. Tomo II/Saberes. Caracas; Venezuela.
[7]Dussell, E. (2009). Política de la liberación arquitectónica. Volumen II. Madrid; España.
[8]Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias. (2010). Comité de Saberes y Producción: algunas precisiones conceptuales. Caracas: Autor.