Recientemente la Fiscal
General de la República Luisa Ortega Díaz en su comparecencia a la Asamblea
Nacional emitió las cifras oficiales de homicidios en el país, en la que según
su informe alcanza el número de 58 muertes violentas por cada cien mil
habitantes, lo que es sin duda alguna una de las principales problemáticas del
país y que pone en el visor ciudadano la mirada sobre las políticas públicas
que se ejecutan para resolver tal situación.
De esa cifra solo la
oposición política nacional, quien ahora controla el poder legislativo se ha
limitado a diferir de las cifras oficiales contrastándolas con los datos
otorgados por el Observatorio Venezolano de la Violencia - del cual por cierto
se desconoce la metodología que utilizan para compilar sus estadísticas -, sin
embargo de lo que se trata no es de negar un dato u otro sino de afrontar
estructuralmente el problema comprendiéndolo en todas sus dimensiones.
En ese panorama
nacional urge preguntarnos en los distintos ámbitos territoriales cuáles han
sido las políticas aplicadas en materia de seguridad ciudadana y los resultados
obtenidos por el desenvolvimiento de los cuerpos de seguridad, porque al fin y
al cabo como decía José Martí “la mejor forma de decir es hacer”, y sólo con
indicadores de gestión que evalúen el desenvolvimiento de las acciones
implementadas se puede valorar una gestión.
En el estado Táchira
desde el año 2013 se ha desarrollado una política de depuración de los cuerpos
de seguridad, generando incentivos para los oficiales que desempeñan una labor
que pone en riesgo su vida, visualizando al funcionario policial como un ser
que requiere también una atención integral, trabajando en su formación permanente
técnica y profesional, dotándolos de instrumentos materiales que requieren para
acatar su responsabilidad.
Los resultados de esta
política integral no se han hecho esperar, en el año 2012 la tasa de homicidios
alcanzó la cifra de 48 muertes por cada cien mil habitantes, lo cual equivalía
nominalmente a 582 personas que fallecieron por objeto del delito de forma
violenta. Al cerrar el año 2015 la tasa de homicidios en el Táchira disminuyó a
18, y la cifra nominal terminó en 224, lo cual es significativo en un ambiente
conflictivo como el que se ha vivido en Venezuela los últimos años, sobre todo
en una frontera activa en la que conviven males que afectan la convivencia
ciudadana como el paramilitarismo que intentan apoderarse de la tranquilidad de
la gente y controlar territorios.
En este sentido la
reducción de homicidios es significativa e impactante, por cuanto de acuerdo a
la propia ONU hemos pasado como entidad de una tasa alta a una media, y nos
encontramos por debajo del promedio de América Latina, además de resaltar que
durante este mismo período no se han reportado secuestrados, y habría que
revisar con detenimiento de forma comparativa qué otras Provincias, Estados o
Municipios en todo el Continente han logrado una reducción del delito más grave
en tan corto tiempo.
Esto rompe con una
tendencia de los últimos treinta años de violencia homicida en el Táchira, y
que reflejan Ortega y Forero en su libro el Delito Homicidio en el Táchira
entre 1982 y 2012 publicado por la UNES, en la que se demuestra claramente como
existe un nexo entre los hechos de desmovilización de los grupos paramilitares
en el vecino país y el Plan Colombia con el ascenso de la violencia en
Venezuela, lo cual es tan cierto que casi el ochenta y cinco por ciento de las
muertes violentas en el último año en el Táchira son producto del sicariato.
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