La
incesante guerra
económica
que vive Venezuela, se sustenta en variables que podemos catalogar
desde diversas perspectivas; la
primera de ellas estructural por la formación socio – económica
de
las fuerzas productivas nacionales, altamente dependientes de los
ingresos generados por la renta petrolera,
la segunda de ellas por las presiones del Capital Monopólico
Transnacional (CMT)
que pretenden empujar el país a un endeudamiento bajo los criterios
del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) con
el objetivo de conducir una política regresiva socialmente
insostenible, y tercero
por la coyuntura extractivista desarrollada en nuestras fronteras
especialmente en la Colombo – Venezolana
de los bienes y servicios ofrecidos en nuestro territorio, que dado
su carácter de democratización en su acceso previsto en la
Constitución, terminan siendo subsidiados por el Estado.
La
Industria Venezolana
especialmente sustentada en el desarrollo alcanzado durante la
segunda mitad del Siglo XX, encontró
dos problemas esenciales:
el primero protagonizado por la altísima
dependencia tecnológica
consecuencia del modelo Cepalista
que
promovía el desarrollo hacia dentro imposible de alcanzar con los
bajísimos niveles de capacidad para crear tecnologías propias, y el
segundo agudizado en la década de los noventa por la necesidad
cada vez superior de insumos y materias primas importadas,
que acrecentaba cada vez más la dependencia de divisas que inhibían
el desarrollo armonioso bajo una lógica soberana. Consecuencia de
ello el aporte al PIB de la Industria Manufacturera pasó de 18 a
4,5 por ciento desde 1983 a 1998 (Wexell, 2009).
Ese
modelo dependiente ha sido caldo de cultivo para que el CMT, se
apropie del aparato productivo
en los rubros más vitales, ejemplos de ello vienen siendo hoy en día
la P&G o Empresas Polar, que han controlado casi la totalidad del
mercado en su gama de productos, bajo
un modelo importador
que ha respondido históricamente a mayor demanda de divisas para
garantizar el abastecimiento nacional, es por ello que aún cuando el
Sector Privado Nacional (SPN) apenas produce el 3% de los Dólares
que ingresan al país accede al 54% de los mismos (BCV, 2013), y en
tiempos de bajos precios del petróleo las presiones por acceder a
ellas son mayormente sentidas socialmente.
A
estos elementos igualmente presenciados en la Revolución Bolivariana
(RB) se le añade durante los últimos años los componentes
referidos al diferencial cambiario,
a modo de subversión económica, que promueve valores de intercambio
de divisas a partir de las transacciones propias de las casas de
cambio Colombianas, en una economía
como la del vecino país en la que las cifras más conservadoras del
FMI afirman que el 35% del PIB se deriva de la economía subterránea
originada por el narcotráfico,
y que
en el período 2013 – 2015 el valor del dólar
vinculado al mercado
negro
han experimentado un incremento
del 2.900 por ciento mientras
que durante los años 2011
– 2013
apenas
alcanzaron el 100 por ciento.
Este aspecto inducido trae daños colaterales como el contrabando,
bachaqueo, cadivismo, entre otros que afectan considerablemente la
inflación, escasez y desabastecimiento.
Las
respuestas aplicadas en la Frontera no han sido efectivas ante la
imposibilidad de controlar según cifras del Banco de la República
de Colombia 177.000
personas que diariamente cruzan la frontera,
puesto que desde el punto de vista punitivo pareciera no tener una
solución viable, y en la que según cifras del propio Gobierno
Colombiano girarían cerca de unos siete
mil millones de dólares que no son contabilizados en el intercambio
comercial, y
de los cuales Venezuela no percibe por captación de divisas sino que
es afectada por extracción. Es necesario recordar que fue
hasta 1.992
cuando la
Balanza Comercial resultó favorable a Venezuela
con un intercambio de 984 Millones de Dólares, esto cambiaría a
partir de allí favoreciendo a Colombia y en 2013
fueron 2.660 Millones de Dólares
con un máximo en
2.008 de 7.200 Millones de Dólares.
Las
propuestas generadas apuntan hacia la operacionalización de la Zona
Económica Especial Fronteriza Ureña San Antonio ya decretada por el
Presidente de la República a finales de 2014, que permita a modo de
política integral desarrollar un intercambio comercial para: (1)
elevar las exportaciones
no petroleras,
(2) que permitan el auto
– abastecimiento de divisas
del sector privado, (3) disminuyendo
la dependencia
de la renta petrolera, (4) combatiendo
el diferencial cambiario
mediante la oferta de divisas no petroleras, (5) captando
esos 7 mil millones de dólares
que circulan en el ámbito fronterizo, (6) aprovechando
las capacidades productivas
y apalancando no solo la industria local, sino la nacional, (7)
generando
un empleo
creador que combata los males sociales y (8) dando un paso importante
para modificar
la formación socio – económica de Venezuela.
Wexell, L. (2009). Economía
Venezolana (1899-2008). La lucha por el petróleo y la emancipación.
Caracas: El Perro y la Rana.
BCV
(2014). Valores de Importaciones y Exportaciones de Venezuela.
Disponible en la web: www.bcv.org.ve.
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