El presente documento pretende analizar los componentes político,
social y económico del debate colocado en la opinión pública,
referente a la ley de presupuesto nacional y la ley de endeudamiento,
previstos para el año 2013, luego de la presentación realizada por
el Ministro del poder popular para la Planificación y Finanzas (MPF)
Jorge Giordani, y las distintas matices presentadas tanto por los
analistas económicos, los actores políticos y de las disertaciones
generadas por la asamblea nacional, durante la primera discusión de
estas dos leyes. Se plantearán las cifras presentadas y se
develarán los mitos desarrollados por la oposición venezolana.
Vale la pena desatacar los elementos que el Ministro Giordani
presentó sobre lo que representa el presupuesto del año 2013 para
la nación, para lo cual destacó las fuentes de ingresos fiscales no
petroleros y su crecimiento sostenido tanto en valor nominal como
porcentaje del aporte al ingreso nacional, destacando la prudencia y
racionalidad económica para los aportes petroleros, considerando la
volatilidad de sus precios, debido a las variables exógenas
generadas por la crisis económica presentada en los países
desarrollados, por lo que el proyecto de presupuesto se realizó
sobre la base de premisas conservadoras de ingreso, promoviendo
además en su discurso la eficiencia en la administración de los
recursos y el manejo de los pasivos de manera coherente y responsable
con el desempeño de los indicadores macroeconómicos.
Además el propio Giordani destacó la estabilización del cociente
de deuda con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), considerando a
Venezuela con uno de los más bajos índices de deuda en América
Latina como porcentaje del PIB, con principal atención de las
prioridades del gasto en los sectores: salud, educación, vivienda y
productivo.
En este sentido asume la voluntad ideológica del ejecutivo nacional
al proponerse la consolidación de un modelo Productivo que facilite
los cambios estructurales propuestos y la participación popular, con
dominio del Estado sobre la industria petrolera nacional, donde el
valor social del trabajo esté sobre el valor del capital, con un
Estado fuerte y cohesionado.
No se asume el presupuesto nacional, como un simple instrumento
técnico, sino que se le da contenido de fondo, y carácter
ideológico en lo que se refiere a la intencionalidad del Gobierno
Nacional de avanzar en la consolidación de un proyecto político,
que priorice lo social.
Por ello la inversión social durante el Gobierno del Presidente
Chávez ha alcanzado los 500.000 Millones de dólares, con un
porcentaje cercano al 60,7% de toda la inversión, y que se contrasta
con los 36,2% del período previo correspondiente a los años que van
de 1986 a 1998.
Se destaca además que esa inversión social según las cifras del
Instituto Nacional de Estadística (INE), permitió disminuir la
pobreza de 43,9% en 1998 con una subida a 55,1% en 2003, producto del
sabotaje petrolero, a 30,6% en 2006, lo que representó una
disminución de 30,29% comparado con el año 1998 o 44,46% con el año
2003. Sin embargo en el período 2006-2011 la pobreza solo bajó a
26,5%, lo que representó una reducción de apenas 13,39%, lo cual
implica una desaceleración de la reducción del indicador.
Esto pudiera deberse a varios elementos que surgen como hipótesis:
la primera tiene que ver con el asunto de fondo, aunque la política
asistencialista dio unos primeros resultados, la necesidad de
profundizar en los cambios estructurales para la transformación
social y no concretarlos inhibió la posibilidad de poder desarrollar
los esperado, la segunda está relacionada con la valoración en la
eficiencia del gasto y la gestión pública, y la tercera con los
efectos de la recesión económica mundial del 2008 que afectó los
precios del petróleo.
Sobre el marco legal que aporta el Título II de la Ley Orgánica de
Administración Financiera del Sector Público referente al Sistema
Presupuestario y el artículo 312 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, el presupuesto del año 2013 estima algunos
valores generales en cuanto a indicadores macroeconómicos:
1.848.147,9 MM Bs de PIB, lo que implicaría 6% de crecimiento, con
una inflación entre los 14 y 16 puntos, con un tipo de cambio a 4,30
Bs. por dólar, y un precio de la cesta petrolera de 55$, con una
inversión total 396.406,75 Millones de Bs correspondiente al 21,4%
del PIB.
De esta inversión 300.919,6 Millones de Bs. provienen de ingresos
corrientes, mientras que 95.487,1 Millones de Bs. de fuentes de
financiamiento, estructurados de la siguiente manera: Gastos
Corrientes 299.639 Millones de Bs., Gastos de Capital e Inversión
Financiera 87.405,7 Millones de Bs. y Aplicaciones Financieras
9.362,0 Millones de Bs.
De allí que los ingresos ordinarios de origen petrolero alcanzan
83.179,6 Millones de Bs. correspondientes al 21%, mientras que los no
Petroleros presentan una cifra 217.740 Millones de Bs (54,8%), casi
en su totalidad obtenidos de la recaudación fiscal del Servicio
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
Si bien es cierto, se destaca el creciente y acelerado aporte
realizado por el SENIAT al presupuesto nacional, que permiten
consolidar la soberanía de ingresos nacionales, sobre la base de los
ingresos no petroleros, aun sigue siendo una deuda los aportes
significativos que pudieran generar las Empresas del Estado. Sin
embargo está realidad, permite desmontar parcialmente las los mitos
planteados por la oposición, en lo que se refiere a la carencia de
un esfuerzo realizado por el ejecutivo nacional por superar la
dependencia petrolera para los planes de inversión económica.
En cuanto a la ley de endeudamiento de 95.487,10 Millones de Bs.
correspondientes 24,1% del presupuesto nacional, las operaciones de
crédito público refieren a 95.356,8 Millones de Bs., mientras que
los remanentes de los órganos de la república aportan 130,3
Millones de Bs. Así mismo 33.040,9 Millones de Bs. se dirigen al
servicio de deuda pública nacional, 42.315,9 Millones de Bs. a
inversión y 20.000 Millones de Bs. a gestión fiscal. Los proyectos
de inversión por endeudamiento están dirigidos a los sectores:
defensa, transporte, energía eléctrica, ambiente, industrias,
cultura, agricultura y tierras.
En este apartado, resalta otro mito formulado por los actores
políticos sobre la deuda, argumentando el incremento de la misma
durante los últimos años y la dependencia de agentes externos para
el financiamiento. Esto se puede catalogar como un discurso
malintencionado, en el sentido de argumentar el incremento de la
deuda exclusivamente como valor nominal, y no como porcentaje del
presupuesto nacional, para ello se puede verificar el promedio de
deuda desde 1999 que alcanza un 28,8%, mientras que los períodos
previos alcanzaron 49,8% durante el Gobierno de Rafael Caldera y
66,8% en el de Carlos Andrés Pérez.
Otro punto de comparación, podría relacionarse sobre la posición
de Venezuela en América Latina y el Caribe, donde solo Chile y
Paraguay presentan menos endeudamiento que nuestro país, que se
encuentra por debajo del promedio de la región, el cual corresponde
al 30%, y que contrasta drásticamente, con la deuda de la Zona Euro
con un 88,2%, Japón 220% , Estados Unidos 98,2% o el vecino Colombia
con un 37,08%.
En cuanto a la dependencia de los agentes externos para el
financiamiento de la deuda, resulta muy alejado de la realidad,
puesto que de acuerdo a cifras del Banco Central de Venezuela (BCV),
en el año 2012 la deuda pública interna alcanzó el 54% del total
de la deuda, comparada con el 16% de 1998. Esto demuestra una alta
movilidad económica que permiten asumir estos compromisos.
Otro mito formulado está relacionado con la centralización de los
recursos, sin embargo se puede apreciar que para el Fondo de
Compensación Interterritorial (FCI) se disponen de 21.173,5 Millones
de Bs., por situado a estados 60.183,9 Millones de Bs., 6.750,3
Millones de Bs. por transferencias de servicios a estados y
municipios, y otras Asignaciones que constituyen el 20,80% del
Presupuesto. Adicionalmente las asignaciones a entes
descentralizados corresponden a 215.659,9 Millones de Bs. (54,40%).
Esto configura un 75,2% del presupuesto nacional para las Regiones,
mientras que del 24,6% restante, 19,7% está destinado al servicio de
la deuda.
En la exposición de motivos del Proyecto de ley de presupuesto de la
nación para el año 2013 se destaca que “El Gobierno Bolivariano,
concibe la política económica como una herramienta para la
construcción de la base material, que posibilite la transición
hacia un sistema social incluyente”. (p. 58)
La política fiscal está dirigida a la recaudación de impuestos
sobre la base del incremento de la actividad productiva, la política
monetaria y cambiaria se mantiene con las modalidades Comisión de
Administración de Divisas (CADIVI), y el Sistema de Transacciones
con Títulos en Moneda Extranjera (SITME). Las metas macroeconómicas
fueron expuestas anteriormente.
Las políticas presupuestarias se expresan en la generación de
ingresos por participación fiscal petrolera, no petrolera y
endeudamiento. Con una asignación de recursos correspondiente a
ingresos ordinarios que ocupan el 16,3% del PIB total y un
endeudamiento con un 5,2% del PIB.
La vinculación entre plan y presupuesto permiten priorizar la
inversión de acuerdo a cada una de las líneas generales del Primer
Plan Socialista de la Nación de la siguiente manera: Construcción
de una Nueva Geopolítica Nacional; 9,6%, Convertir a Venezuela en
una Potencia Energética Mundial; 3,1%, Avanzar hacia la Nueva Etapa
en la Geopolítica Internacional; 2,0%, Desarrollo de la Nueva Ética
Socialista; 8,8%, Establecimiento de un Modelo Productivo Socialista;
19,3%, Profundización de la Democracia Protagónica Revolucionaria;
18,5%, Construcción de la Suprema Felicidad; 37,9% y Acciones
Centralizadas; 0,8%.
El sector social sigue prevaleciendo con un 37,3% del gasto total, lo
que deja entrever los elementos relacionados con otra hipótesis
manejada, que refiere al precio conservador del Barril de Petróleo,
cuyas razones fueron expuestas con anterioridad, pero que permite
contrastar con la inversión social del 60,7% acumulado hasta 2011,
razón por la cual se puede verificar que los excedentes petroleros
siguen siendo destinados a esta área de la sociedad
prioritariamente.
De esta manera se desmontan algunos de los planteamientos generados
por diversos actores políticos de oposición. Sin embargo, se
deben asumir una serie de retos, sobre las deudas pendientes por las
políticas de Estado entre las que destacan: recuperar la aceleración
en las mejoras de los indicadores sociales experimentados hasta 2006,
fomentar un desarrollo productivo nacional no petrolero que genere
aportes significativos al presupuesto nacional y continuar la ruta de
política de deuda pública que permita seguir disminuyendo la
participación del componente externo.
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